ENTRE RÍOS
La información fue solicitada meses atrás por la ONG ambientalista CEYDAS, mediante una carta formal que pedía detalles sobre los animales que se matan, los cotos y los cazadores, pero aseguran que hasta el momento el Gobierno de Rogelio Frigerio no se ha pronunciado sobre el tema ni respondido la misiva. En ese sentido, registró DIARIOJUNO, denuncian: “este ocultamiento de información –la cual debería ser de carácter público– genera sospechas de irregularidades y potencial connivencia entre el Gobierno y las empresas de turismo de caza”.
El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) realizó el pasado 26 de julio un pedido formal de acceso a la información pública referente a la polémica Resolución Nº 0997 del Gobierno de Rogelio Frigerio que autorizó la matanza de 9 especies de aves autóctonas.
Esa resolución, que apenas anunciada ya cosechaba numerosas críticas, aumentó considerablemente la cantidad de especies que se pueden matar respecto a años anteriores, como así también la superficie que habilita la práctica, favoreciendo claramente al negocio de los cotos de caza.
A través de la Resolución Nº 0997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, el Gobierno de Frigerio habilitó desde el 10 de mayo al 23 de agosto la temporada de caza menor que permite la matanza de Pato Picazo (5 ejemplares), Pato Barcino (3), Sirirí Pampa (2), Sirirí Colorado (2), Pato Cutirí (2), Pato Maicero (2), Pato de Collar (2), Pato Capuchino (2), Inambú Común y Liebre (4). Se autoriza la caza a cazadores locales en los departamentos La Paz, Gualeguaychú, Diamante y parte de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay; y en cotos de caza a extranjeros y personas de otras provincias.
Tras autorizar la matanza de animales autóctonos, exigen a Frigerio un informe sobre las armas que se utilizan, lista de cazadores y espacios habilitados
Según la ONG, la carta dirigida a la Secretaría de Agricultura y al Director de Fiscalización y Recursos Naturales, Marcelo Sapetti, no obtuvo respuesta alguna, por lo que denuncian que se está ocultando información pública ambiental en abierta violación a la Ley Nacional Nº 25.831. “Es un ocultamiento de información pública y deja en evidencia a un Gobierno que promueve la matanza de especies nativas beneficiando a los cotos de caza”, criticó Gabriel Bonomi, referente de la institución.
Por otro lado, la Dra. Cecilia Domínguez argumentó que “estamos ante una situación donde el Estado actúa arbitrariamente como amo y señor de la información de carácter público que se le está negando y ocultando a los ciudadanos”.
En la carta sin respuesta, CEYDAS solicitaba detalles sobre los estudios –exigidos por Ley- de las poblaciones de patos e inambúes (perdices) que se autorizaron matar, así como información sobre los cotos de caza y los cazadores extranjeros que estos traen a la provincia.
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