« 𝗥𝗘𝗣𝗨𝗗𝗜𝗔𝗕𝗟𝗘: 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 “𝗛𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦” 𝗟𝗘𝗚𝗜𝗦𝗟𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗦𝗘 𝗠𝗨𝗘𝗩𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗠𝗔𝗙𝗜𝗢𝗦𝗢𝗦:: 𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢 𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗔𝗟 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 Q𝗨𝗘 𝗢𝗥𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥 “𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗗𝗘 𝗥𝗔𝗧𝗔𝗦”»
**Los políticos nos estafaron de nuevo…. 𝘓𝘰𝘴 𝘭𝘦𝘨𝘪𝘴𝘭𝘢𝘥𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘵𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘗𝘖𝘙 𝘜𝘕𝘈𝘕𝘐𝘔𝘐𝘋𝘈𝘋 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘥𝘪𝘳 𝘦𝘭 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘰 𝘢 𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰𝘴, 𝘦𝘮𝘱𝘭𝘦𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘺 𝘴𝘶𝘣𝘴𝘪𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘦𝘫𝘢𝘯 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘯𝘶𝘦$𝘵𝘳𝘢”**
**𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗶𝘀𝗺𝗼, 𝗻̃𝗼𝗾𝘂𝗶𝘀, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀 𝘁𝗿𝘂𝗰𝗵𝗼𝘀, 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲𝘀𝘂𝗲𝗹𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝘀𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗳𝗶𝗮 **
Todo este esfuerzo de ocultamiento de la información lo sostienen a pesar del escándalo de los CONTRATOS TRUCHOS DE LA LEGISLATURA, todavía los “honorables” crean una Resolución para negar a dar los datos de sus “beneficiados”…. vos velo.
Aunque no se lo incluyó en los partes de prensa ni se publicó en la web institucional, el medio colega Análisis, de la capital de la privincia accedió al proyecto de resolución aprobado por unanimidad anoche en el Senado.
«𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗦𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 “𝗛𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦”: 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗜𝗥𝗦𝗘 𝗔𝗟 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗝𝗨𝗗𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗤𝗨𝗘 𝗢𝗥𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗛𝗨𝗟𝗟𝗢𝗦 𝗘𝗫𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗨𝗘𝗥𝗣𝗢 𝗟𝗘𝗚𝗜𝗦𝗟𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥𝗥𝗜𝗔𝗡𝗢»
La iniciativa apunta a resistir el cumplimiento del fallo judicial que ordena dar a conocer nóminas de personal del cuerpo, dictado a raíz de un pedido de información pública impulsado por una ONG. El texto también advierte la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal. En 2007 hubo un antecedente que terminó con legisladores imputados por desobediencia judicial y pedidos de desafuero.
La ONG Entre Ríos sin corrupción presentó en mayo pedidos de información pública a ambas cámaras legislativas para conocer las nóminas de personal de planta y contratados, haberes y funciones desde 2022 hasta la actualidad.
El Senado contestó con información que, a juicio de los solicitantes, fue considerada incompleta y la Cámara de Diputados directamente no respondió. Ante ello, la entidad acudió a los Tribunales con un recurso de amparo.
Luego de una primera sentencia favorable, las dos cámaras apelaron y los recursos llegaron al Superior Tribunal de Justicia, que falló a favor de la ONG y ordenó a la Legislatura dar a conocer los datos en un plazo de 15 días hábiles.
A las pocas horas de conocerse la resolución del alto cuerpo, en la sesión de este Miércoles se aprobó por unanimidad y sobre tablas un proyecto de resolución en el cual los legisladores consideraron que “se impone la realización de un análisis pormenorizado y profundo de la motivación y la razonabilidad de la sentencia para, en su caso, proceder a interponer un recurso extraordinario federal”.
El tratamiento de la iniciativa no mereció ningún debate y quien pidió su incorporación, el presidente del bloque del PJ, Martín Oliva (Uruguay), lo mencionó por el número de expediente sin hacer alusión alguna a su contenido. Con un evidente consenso previo con la bancada de JxER, se logró en cuestión de segundos la aprobación por unanimidad.
“Más allá de la permanente disposición para el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales debe tenerse presente que por aplicación del artículo 65º de la Constitución provincial resulta necesario un exhaustivo análisis y control de la sentencia”, indicaron los senadores en el texto.
El artículo de la Carta Magna establece que “las sentencias judiciales serán fundadas suficientemente y decididas en tiempo razonable”.
“En tal sentido, entendemos que se debe realizar una profunda evaluación de la razonabilidad, conforme lo que impone el artículo 28º de la Constitución”, añadieron los senadores de ambas bancadas.
El artículo 28º indica que “las asociaciones con autorización para funcionar tienen legitimación procesal para interponer acción de amparo o inconstitucionalidad contra cualquier acto que viole derechos que ellas tengan como objeto proteger o promover”.
“En razón de todo ello es que se impone la realización de un análisis pormenorizado y profundo de la motivación y razonabilidad de la sentencia para, en su caso, proceder a interponer el recurso extraordinario federal”, concluye el texto aprobado, en el que de esta manera se advierte la posibilidad de apelar la resolución judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«𝗨𝗡 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗜𝗘́𝗡 𝗘𝗠𝗣𝗜𝗘𝗭𝗔 »
Ante la publicación en medios de la apresurada y furtiva aprobación de la iniciativa, ANÁLISIS pudo saber que el senador Oliva manifestó su descontento con el tratamiento dado a la información. Según trascendió, el legislador habló de “malas intenciones” y minimizó la maniobra diciendo que sólo están “pidiendo tiempo” para analizar la cuestión.
Distintos juristas consultados por este medio advirtieron algunas inconsistencias que seguramente serán materia de debate en los próximos días.
Por ejemplo, llamó la atención que no haya habido necesidad unánime de analizar oportunamente el pedido información ni el fallo de primera instancia que fue apelado por la Legislatura, lo que permite suponer que el proyecto de resolución aprobado no apunta realmente a estudiar el tema sino a dilatar la cuestión. “Es evidente que hay una gran resistencia que no distingue partidos para dar a conocer la información solicitada”, indicó un profesional a este medio.
Consultada oportunamente en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9) acerca de esta solicitud de información, la vicegobernadora Alicia Aluani adujo cuestiones normativas para no entregar los datos. Algo similar expresó en ese espacio el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
Ambos entendieron que la información que se pide reviste carácter reservado, lo que en principio quedó despejado con abundante jurisprudencia citada en la sentencia del STJ, que incluso hace mención a fallos de la Corte, ámbito al cual los senadores podrían recurrir.
«𝗨𝗡 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗖𝗘𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗢𝗕𝗘𝗗𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔»
La situación presenta una puja entre los poderes legislativo y judicial que no es la primera vez que se produce en Entre Ríos.
En 2007, durante el último gobierno de Jorge Busti (PJ), se judicializó la impugnación de un concurso del Consejo de la Magistratura, hubo un amparo y el STJ ordenó al Senado abstenerse de aprobar dos pliegos.
Hubo legisladores no acataron el fallo, enfrentaron pedidos de desafuero y fueron imputados por desobediencia judicial.