Como parte de los 22 allanamientos en Gualeguaychú y otro en Villaguay que ordenó la Justicia Federal de Gualeguaychú se imputó a 10 responsables de movimientos sociales y políticos que manejaron planes Potenciar Trabajo entre 2022 y diciembre de 2023, cuando fueron dados de baja.
El juez Hernán Viri confirmó al sitio R2820 que para indagar a las 10 personas imputadas esperará los resultados de la apertura de los teléfonos. Los delitos que se investigan en Gualeguaychú son los mismos que en Buenos Aires.
En contacto con R2820, el juez Federal Hernán Viri, puntualizó que a “la línea 134, en un principio, se hicieron más de 20 denuncias cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación puso esa vía para recibir llamados. Se hizo la denuncia formal en Comodoro Py en el Juzgado de Sebastián Casanello, quién traspasó las supuestas irregularidades en Gualeguaychú para que las investigara. Posteriormente, en abril o mayo, el Ministerio de Capital Humano me envió otras 4 o 5 denuncias que habían recibido”.
“Le ordené a Gendarmería que hiciera las tareas investigativas, se recabaron una gran cantidad de declaraciones testimoniales, a algunas de las personas se les reservó la identidad porque me manifestaron su temor por las consecuencias que podía traer lo que estaban declarando, y una vez que reuní una cantidad importante de pruebas y me pareció que había bastante verosimilitud respecto a la denuncia, dispuse los allanamientos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad y uno en Villaguay”.
En cuanto a los delitos que se investigan el juez describió “amenazas, extorsión y defraudación a la administración pública contra los Movimiento Evita, Cuba-MTR y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Las tres líneas de investigación son si quienes recibían estos planes estaban obligados a entregar una suma fija de dinero o un porcentaje bajo la amenaza de que sino entregaban ese dinero iban a perder el plan; si eran obligados a asistir a marchas o manifestaciones políticas bajo la misma amenaza y la otra línea investigativa tiene que ver con respecto a los comedores y merenderos que recibían un subsidio del Estado o alimentos directamente y después se dieron de baja o no continuaron atendiendo o brindando esta ayuda social, pero sin embargo seguían recibiendo alimentos o algún subsidio”.
Sobre las indagatorias a los imputados, Viri adelantó que “voy a esperar porque ordené la apertura y la extracción de la información de los celulares que le fueron secuestrados a estas personas que están imputadas. Esa es una fuente importante de prueba y investigación es lo que surge de los aparatos celulares”.
Fuente: R2820