El Ministerio Público Fiscal formalizó este martes por la tarde-noche la petición para que se le aplique también prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, condenado en 2022 en el marco del megajuicio a 6 años y 6 meses de prisión. De ese modo, quiere que corra la misma suerte que los otros dos condenados, el exgobernador Sergio Urribarri, y su cuñado Juan Pablo Aguilera, ya alojados en la cárcel de la capital provincial.
La petición de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se formalizó este martes ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones conformado por María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón, y con la presencia de los defensores de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez. Luego de escuchar los argumentos, los magistrados adelantaron que la decisión se conocerá este viernes, a las 12.
En abril pasado, cuando Fiscalía inició la petición de las prisiones, había solicitado para Baez cárcel efectiva al considerar que había quedado firme la condena de 2022. Pero en medio ocurrieron recursos, resoluciones y cambios de posturas judiciales, que derivaron en el hecho de que aquella solicitud fiscal se volviera abstracta. Por eso, el Ministerio Público Fiscal con la nueva resolución de la Cámara de Casación Penal de este martes reformuló el pedido y ya no solicitó que cumpla la condena efectiva sino que se le aplique preventiva hasta que el fallo condenatorio adquiera firmeza.
En mayo pasado, Báez pidió a la Justicia que se le aplique arresto domiciliario para cumplir la condena que le fuera impueta en 2022 en el marco del megajuicio, 6 años y 6 meses de cárcel, y arguyó que padece problemas de salud -diabetes- y además nunca eludió las instancias de la investigación y el juicio al que fue sometido.
«Expuesto el cuadro normativo, está claro que nuestro pupilo es una persona de riesgo. A ello, se le suma la necesidad de una dieta acorde, ejercicios y el tratamiento farmacológico adecuado y de estricta aplicación y
seguimiento, cuestión que no ocurre. El hacinamiento, las condiciones edilicias, exposiciones a cambios
climáticos, etc. hacen de este establecimiento carcelario, Unidad Penal de Paraná, una causal determinante que afectará la salud de nuestro pupilo», dice el escrito que el defensor de Báez, Ignacio Díaz, presentó ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Pero el titular de la Sala Penal, Miguel Giorgio, derivó la petición al Tribunal de Juicios y Apelaciones que debía resolver el planteo del Ministerio Público Fiscal que, luego de que se resolviera en tres instancias la confirmación de las condenas en el megajuicio, pidió prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri -condenado a 8 años-; y para su cuñado, Juan Pablo Aguilera, que recibió una pena de 6 años y 6 meses de prisión. Para Báez, en cambio, solicitó que sea enviado a la Unidad Penal de Paraná. Pero esa petición tendrá resolución una vez que quede constituido el tribunal, ahora envuelto en una serie de planteos recusatorios contra los jueces impulsados por los defensores.
Pero además, Baéz pidió que se solicite al Servicio Penitenciario de Entre Ríos un informe detallado que dé cuenta «en qué pabellón se alojaría Pedro Ángel Báez»; qué protocolo de seguridad existe para «garantizar la vida y la integridad física». También pretende conocer «cuántos metros cuadros tiene tiene el pabellón donde lo
alojarán»; cuántos baños y ducha tienen; cuántas personas se encuentran alojadas allí y su estado procesal, (condenados o detenidos preventivamente); pide también «clasificar las personas que se encuentran allí en, mayores de 60 y mayores de 40»; que se le informe los protocolos de aplicación para personas de tercera
edad que tiene la Unidad Penal -Báez tiene 62 años-; que se le informe, «conforme al plan nutricional adjuntado, si puede llevarse a cabo en la UP y en su caso cómo»; y si en la cárcel se está en condiciones «de abordar el cuadro de salud del Sr. Pedro Baez, y en su caso, cómo».
El planteo de Fiscalía
En abril último, el Ministerio Público Fiscal pidió a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se vuelva efectiva la condena dictada en 2022 en el marco del megajuicio contra el exsuperministro de Cultura y Comunicación del gobierno de Sergio Daniel Urribarri, Pedro Ángel Báez, a quien le aplicaron 6 años y 6 meses de cárcel. También Fiscalía solicitó medidas de restricción de la libertad para Urribarri, condenado a 8 años, y para el cuñado de éste, Juan Pablo Aguilera, que recibió una pena de 6 años y 6 meses.
El pedido lo firman los fiscales Ignacio Aramberry, Fiscal de Coordinación, y los agentes fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, estos tres últimos que estuvieron a cargo de la acusación durante el megajuicio.
“En tiempo y forma, venimos a solicitar la inmediata detención de Pedro Ángel Báez, Sergio Daniel Urribarri y Juan Pablo Aguilera, por los motivos que expresados a continuación, previa notificación personal a los condenados del rechazo de la queja impuesta”, dice el escrito.
La petición solicita la “inmediata detención” de Baez, Urribarri y Aguilera.
Respecto del exministro de Cultura y Comunicación, al rechazar la Sala Penal del STJ la queja planteada contra la condena del megajuicio, “se desprende que la defensa del condenado Pedro Ángel Báez no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación, por lo cual la misma ha quedado firme”.
En ese sentido, plantean que “la sentencia que condena al mencionado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión se torna ejecutoria, por lo que se solicita se disponga la inmediata detención del mismo y su traslado a Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, conforme doctrina de esa Excelentísima Sala en lo Penal”. El argumento es que la defensa de Baéz no presentó recurso alguno contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que en 2023 ratificó la condena y rechazó el recurso extraordinario.
En cuanto a Urribarri y Aguilera, “ante el rechazo por mayoría de esa Sala del recurso de queja por denegatoria de impugnación extraordinaria, entendemos que la instancia provincial está próxima a agotarse para que la sentencia de condena se torne ejecutiva”. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal, y “a los fines de hacer efectiva la aplicación de la ley penal y que no se torne ilusoria la sentencia”, plantea, “se impone asegurar su cometido a través de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto”.
“Frente a esta nueva situación, cobra especial relevancia el denominado riesgo de fuga”, dicen los fiscales, y por cuanto, en función de la jurisprudencia de la Sala Penal, “se encuentra cercana en el tiempo la posibilidad que se torne ejecutoria la condena impuesta a los encausados”.
Con ese razonamiento, se pidió que se “disponga la inmediata prisión preventiva” de Urribarri y de su cuñado Aguilera. “En subsidio, para el caso de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva, interesamos que se les imponga cauciones acordes a la naturaleza y entidad de las condenas impuestas, junto con la prohibición de salida del país, efectuando las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y a la Policía Provincial; disponiéndose que deberán asistir una vez a la semana a la Comisaría correspondiente a su domicilio, a fin de dar cuenta de sus lugares de residencia”.
En primera instancia, la Justicia resolvió rechazar el pedido fiscal, pero este martes Casación revocó ese pronunciamiento e hizo lugar a los pedidos de Fiscalía respecto de Urribarri y de Aguilera. Ahora, el camino se inició respecto de Baez. Pero es recién el comienzo.