En abril de 2025 comienzan las AUDIENCIAS para el juicio de la causa Contratos en la Legislatura de Entre Ríos, fijadas por la jueza Marina Barbagelata para el martes 22, y se extenderán hasta septiembre. Este caso involucra a 32 personas y se trata de uno de los mayores saqueos del Estado entrerriano. Aunque el JUICIO ORAL se llevará a cabo en 2026, las AUDIENCIA PRELIMINARES serán de lunes a jueves durante cuatro meses. Lo llamativo es que NO ESTÁN LOS RESPONSABLES MÁS IMPORTANTES, los que firmaron y autorizaron estos CONTRATOS TRUCHOS, los vicegobernadores y presidentes de la Cámara Baja.
En abril comenzará el desfile de IMPLICADOS en la causa por la que se cobraron durante una década indebidamente CONTRATOS por 5 MIL MILLONES de pesos, y la Justicia entrerriana ya deja en claro que al igual que en otros casos NO HAY UN INTERES por profundizar ni por encontrar a los responsables detrás de un montaje que NECESARIAMENTE implica a encumbrados nombres en la burocracia gubernamental y a importantes funcionarios. LOS QUE FIRMARON LAS RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES NO APARECEN. La Justicia no apunta ni estaría interesada en los responsables fundamentales, los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, desde el 2008 a la fecha.
Daniel Rossi, intendente de Santa Elena afirmó : «Yo fui vicegobernador de esta provincia, no hay un solo pago si no está la firma del presidente de la Cámara»
Después de muchos titubeos, y cuando se presumía que se haría esperar aún más, sorpresivamente el 22 de abril dará comienzo escénico uno de los casos más resonantes de CORRUPCIÓN de los últimos tiempos, por la cantidad de dinero involucrado, y por el número de implicados. El daño económico a la provincia es de gran escala, teniendo en cuenta que el cobro de estos CONTRATOS IRREGULARES se extendió durante más de una década.
Lo que asombra es que dentro del grupo de acusados de hacer funcionar esta MAQUINARIA DE CORRUPCION no figura ningún nombre importante de la Administración Gubernamental, hay un corte abrupto en la línea de mando que pone al tope de esta pirámide delictiva a funcionarios de segunda y tercera línea, con la “colaboración” de un montón de incautos, que parece realmente hicieron una “colaboración” desinteresada, ya que sus realidades económicas no se modificaron a lo largo de esos años.
NO APARECEN LOS QUE FIRMARON LAS RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS, ÚNICAMENTE FUNCIONARIOS DE SEGUNDA Y EMPLEADOS QUE CUMPLÍAN ORDENES. Sin las firmas en las resoluciones y expedientes no se podía contratar y menos realizar los pagos. Otra vez, como en el caso del «solitario» Oñativia en la causa “SUBSIDIOS TRUCHOS” cuando el Ministerio de Desarrollo Social estaba bajo el mando de Laura Stratta, no hay vinculación de nadie importante del gobierno, de los responsables que tienen el poder de facilitar estas acciones delictivas. Se monta una escena donde hay acciones que forzaron el sistema, cuando en realidad EL DELITO solo fue posible porque hubo FACILITADORES desde dentro de la Administración y en muy altos cargos.
La Justicia entrerriana otra vez viene andando en una causa a bajas revoluciones, serenita, como queriendo NO IMPACTAR a NADIE fuera de los YA señalados por los Contratos Truchos. Esta misma Justicia entrerriana que NO HIZO NADA CONTRA KUEIDER A PESAR DE LAS ALARMAS Y ADVERTENCIAS QUE EXHIBÍA ESTE PORTAL. Y cuando finalmente se decidió a “hacer algo” contra Kueider, la Justicia Federal le pidió que se aparte para no entorpecer.
La Justicia Federal no tiene reparo en ir contra los más altos estamentos del Estado Provincial, pero la Justicia entrerriana parece tener demarcada su área de acción, como lo demostró en la causa de fraude con subsidios truchos, que UNICAMENTE IMPLICÓ a Joaquín Oñativia, al que condenaron y multaron, pero no lo llevaron a la cárcel, y siendo mano derecha de Laura Stratta, ella quedó impoluta.
Son 32 los señalado en esta super causa de estafa y corrupción, donde sobresalen el matrimonio de Flavia Beckman y Hugo Mena, asi como María Jazmín Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), Jorge Balladares ( yerno de Hugo Mena), María Macarena Alvarez (hija de Beckman), Viviana Giselle Mena Gioveni (hija de Mena), Alejandro Rubén Ferreyra (yerno de Mena), los contadores Roberto Faure y Gustavo Pérez, ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado, su esposa, Verónica Caino, el ya conocido Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y «Palito» Orabona.
Comienza el juicio? O comienza el circo? Está estipulado que duren cuatro meses las audiencias para el juicio, entre abril y septiembre, de lunes a jueves, en horario vespertino. “Mucho tiempo” de previa para una causa que lleva abierta “mucho tiempo”, y que data de un hecho de hace “mucho tiempo”, 2008-2018 y que siguió con la misma metodología impune hasta el 2024. La pregunta es, cuando ya se tienen todos los nombres marcados, por qué se corta la línea de investigación en funcionarios de segunda y tercera línea. Por qué no se investiga un poco más arriba? Una vez más, parece que la Justicia entrerriana tiene demarcada la cancha, y no quiere incurrir en off side.
Los pedidos de conena parecen haberse acomodado a los tiempos presentes donde la ciudadanía exige duros escarmientos, sobre todo tras el escándalo Kueider. Las penas pedidas por los fiscales parecen sido establecidas para lograr un efecto social de aprobación. Pero tanta dureza parece INJUSTA, ya que la Justicia arremete contra quienes evidencian ser «Perejiles». El alto espectro político, descansa.
Pedidos de condena que hará fiscalía
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 16 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
